Los pueblos originarios tienen derecho a tener un nombre, una lengua, creencias y formas de vida propios. Como las personas, los “pueblos” tienen derecho a ser diferentes. Se trata de tener una postura política a favor de la diversidad y el respeto mutuo entre las distintas etnias.
Postular los derechos de estos pueblos no es suficiente. Es preciso el mejoramiento económico y social, mediante el acceso al trabajo, a la salud, a la retribución económica equitativa y la justicia económica.
Sin embargo, entre las cuestiones con que se topan las autoridades podemos mencionar los indígenas clasificados en el límite de dos o más culturas. Es decir, a medida que los individuos y grupos se trasladan a las ciudades, cambian sus propios mundos y comparten sus referentes previos de modo diferenciado.
Colombia indígena, resistencia y paz (1ª parte)
La invisibilización
La invisibilización de los indígenas (es decir, hacerlos “invisibles” a los ojos de la sociedad) como miembros de un sujeto colectivo de derecho ha impedido que el país los reconozca jurídicamente y establezca políticas públicas e instancias de participación adecuadas para posibilitar su valoración y desarrollo.
Sin embargo, la diversidad de cifras sobre la población indígena cambia sustancialmente de una institución gubernamental a otra: la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia manifiestan que la población indígena sobrepasa el millón.
Esta desinformación acarrea problemas para el desarrollo de los programas de gobierno que permitan medir la cobertura real sobre la totalidad de esa población, más si se tiene en cuenta los desplazamientos forzados a que están siendo sometidos los indígenas, obligándolos a ubicarse en otras ciudades.
Del total de pueblos indígenas que habitan el territorio colombiano, un 85% viven en tierras de resguardos legalmente constituidos, mientras que 200.000 indígenas, aproximadamente, no tienen tierra y se encuentran fuera de sus territorios ancestrales.
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